Para:Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.
Manifiesto por el derecho de los agricultores y agricultoras a vender sus propias semillas de variedades tradicionales
A pesar de que vivimos en uno de los entornos con mayor diversidad agrícola de Europa, desde las administraciones siguen sin ponerse en marcha iniciativas para que las variedades locales vuelvan a llenar de olores y sabores las mesa de nuestros hogares, devolviéndonos una alimentación de calidad que nunca deberíamos de haber perdido.
Salvo escasas excepciones, no existen políticas públicas que nos ayuden a conocer y dar a conocer esta biodiversidad. Ni políticas agrarias que propicien que los agricultores que lo deseen vuelvan a sembrar las variedades tradicionales en nuestros campos. Uno de los principales obstáculos para que podamos sembrar y disfrutar estos alimentos son las limitaciones legales que tienen agricultores y agricultoras para vender sus semillas, lo que supone una catástrofe para la biodiversidad agrícola, ya que provoca que prácticamente sólo se estén cultivando en nuestros campos variedades comerciales, en su mayoría híbridas, multiplicadas por grandes empresas productoras de semillas. Para blindar y perpetuar esta situación, todo lo referente a la comercialización de semillas en nuestro país está fuertemente reglamentado. Además, la adaptación de la legislación nacional a las normativas europeas no mejora la situación ya que los actores continúan siendo las empresas, y agricultores y consumidores quedan relegados a un papel pasivo de meros compradores.
El uso de las variedades tradicionales contribuyen a evitar el principal efecto adverso de las semillas industriales: la erosión genética que se produce por la sustitución de variedades adaptadas al territorio por otras de mayor interés para el agronegocio globalizado producidas por la industria agroalimentaria. Hoy en día las grandes empresas de semillas son casi los únicos agentes que realizan la multiplicación y venta de semillas. Pero su interés no es mantener la biodiversidad agrícola, sino obtener beneficios a partir de unas pocas variedades comerciales. Si a esta situación le unimos la falta de interés de la administración pública en el cuidado y apoyo de las variedades tradicionales, se entiende perfectamente el proceso de pérdida de biodiversidad que sufren nuestros campos.
Además, la puesta en valor de la biodiversidad cultivada es un derecho de los agricultores y las agricultoras por lo que es de justicia la derogación de cualquier normativa que impida o limite que los agricultores y las agricultoras puedan ganarse la vida mediante la venta de sus propias semillas, más allá de las de garantizar una cierta calidad al comprador de lasa mismas.
A pesar de que vivimos en uno de los entornos con mayor diversidad agrícola de Europa, desde las administraciones siguen sin ponerse en marcha iniciativas para que las variedades locales vuelvan a llenar de olores y sabores las mesa de nuestros hogares, devolviéndonos una alimentación de calidad que nunca deberíamos de haber perdido.
Salvo escasas excepciones, no existen políticas públicas que nos ayuden a conocer y dar a conocer esta biodiversidad. Ni políticas agrarias que propicien que los agricultores que lo deseen vuelvan a sembrar las variedades tradicionales en nuestros campos. Uno de los principales obstáculos para que podamos sembrar y disfrutar estos alimentos son las limitaciones legales que tienen agricultores y agricultoras para vender sus semillas, lo que supone una catástrofe para la biodiversidad agrícola, ya que provoca que prácticamente sólo se estén cultivando en nuestros campos variedades comerciales, en su mayoría híbridas, multiplicadas por grandes empresas productoras de semillas. Para blindar y perpetuar esta situación, todo lo referente a la comercialización de semillas en nuestro país está fuertemente reglamentado. Además, la adaptación de la legislación nacional a las normativas europeas no mejora la situación ya que los actores continúan siendo las empresas, y agricultores y consumidores quedan relegados a un papel pasivo de meros compradores.
El uso de las variedades tradicionales contribuyen a evitar el principal efecto adverso de las semillas industriales: la erosión genética que se produce por la sustitución de variedades adaptadas al territorio por otras de mayor interés para el agronegocio globalizado producidas por la industria agroalimentaria. Hoy en día las grandes empresas de semillas son casi los únicos agentes que realizan la multiplicación y venta de semillas. Pero su interés no es mantener la biodiversidad agrícola, sino obtener beneficios a partir de unas pocas variedades comerciales. Si a esta situación le unimos la falta de interés de la administración pública en el cuidado y apoyo de las variedades tradicionales, se entiende perfectamente el proceso de pérdida de biodiversidad que sufren nuestros campos.
Además, la puesta en valor de la biodiversidad cultivada es un derecho de los agricultores y las agricultoras por lo que es de justicia la derogación de cualquier normativa que impida o limite que los agricultores y las agricultoras puedan ganarse la vida mediante la venta de sus propias semillas, más allá de las de garantizar una cierta calidad al comprador de lasa mismas.
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